Esta web inserta cookies propias para facilitar tu navegación y de terceros derivadas de su uso en nuestra web, de medios sociales, así como para mejorar la usabilidad y temática de la misma con Google Analytics. Los datos personales no son consultados. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui. Ver política

Prueba

La Ley de Tasas Judiciales entra hoy en vigor, a falta de los formularios de autoliquidación de tasas

Contacta:

Teléfono: 916856840

Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Redes sociales:

FacebookTwitter


Si eres afectado por Cortix / Parfip podemos ayudarte, contáctanos.

Si eres uno de los afectados por Cortix o Parfip podemos ayudarte

Despacho colaborador de LEGALITAS

legalitas

La Ley de Tasas Judiciales entra hoy en vigor, a falta de los formularios de autoliquidación de tasas Destacado

Valora este artículo
(1 Voto)
La Ley de Tasas Judiciales entra hoy en vigor, a falta de los formularios de autoliquidación de tasas - 3.0 out of 5 based on 1 vote
AddThis Social Bookmark Button

La polémica Ley de Tasas Judiciales, que introduce alzas que van desde los 50 hasta los 750 euros al iniciar cualquier acción judicial en el ámbito civil, se encuentra en vigor desde hoy. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba ayer el texto definitivo de una norma que ha pasado por su trámite legislativo, con carácter de urgencia, con el único apoyo del Gobierno, y que cuenta con la oposición de un amplio sector del ámbito judicial.

Desde Grupo Legislae nos hemos adherido a diferentes colectivos profesionales en lucha contra este decretazo, pues entendemos que es inconstitucional. Y a tal efecto hemos iniciado numerosas acciones a fin de conseguir su derogación. Si bien, entre tanto no queda más remedio que su abono. Os mantendremos informados sobre la evolución de la controversia que supone la aprobación de este Decreto.

A pesar de que la norma se encuentra oficialmente vigente, habrá que esperar a que Hacienda publique los formularios de autoliquidación de las tasas para que los nuevos precios se apliquen. A partir de ese momento, el coste del ejercicio de la potestad jurisdiccional oscilará entre los 100 y los 1.200 euros, si bien las actualizaciones no serán iguales en todos los casos.

En cualquier caso, los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita -los que ingresan menos de 14.000 euros brutos al año- no tendrán que abonar estas sumas.

Los incrementos más duros, de 600 euros, se producen en los recursos de casación y de infracción procesal en el Orden Civil, así como en el recurso de casación en el Orden Contencioso-Administrativo. Además, iniciar un monitorio -proceso ideado para la reclamación de deudas vencidas y exigibles, muy utilizado en el tráfico mercantil- costará el doble que hasta ayer (100 euros frente a 50) y solicitar un concurso necesario pasará a tener un coste de 200 euros frente a los 150 anteriores.

El punto clave de la reforma

Y es que, el punto clave de la reforma reside, precisamente, en la introducción de las personas físicas en la lista de quienes se encuentran sujetos al pago de las tasas judiciales, hasta ahora exentos. En cualquier caso, los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita no tendrán que abonar estas sumas.

Del mismo modo, el Orden Social, que no contaba hasta hoy con tasa alguna en ninguno de sus niveles, pasa de un coste cero en el recurso de suplicación a un total de 500 euros. El precio de recurrir en casación experimenta un alza aún mayor, al llegar hasta los 750 euros. Eso sí, el coste de iniciar un procedimiento ordinario y demás modalidades procesales, así como del monitorio en el ámbito social, seguirá siendo nulo.

Si hasta hoy solo pagaban las empresas que facturaban más de ocho millones de euros al año; ahora lo harán todas las empresas y cualquier ciudadano que presente una demanda civil (pleitos entre particulares), contencioso-administrativa (contra la Administración) o social (pleitos laborales). Se pagará en primera instancia (salvo en lo social) pero, sobre todo, en segunda: al recurrir.

En caso de que el pleito dé la razón al ciudadano al finalizar el proceso y siempre que exista condena en costas para la otra parte, se recuperará el dinero de las tasas. No es que la Administración lo devuelva sino que la parte que resulte condenada asume también la tasa de pago inicial del demandante. Esto sería así en lo contencioso-administrativo, pero no se garantiza la recuperación del dinero en la jurisdicción civil y social.

Los asuntos familiares que impliquen a menores o procesos matrimoniales sobre guarda y custodia de menores y pensión por alimentos entre otros están exentos de tasa. En cuanto al divorcio ordinario conllevará una tasa de 300 euros más el porcentaje sobre los bienes. Así, si una demanda de custodia y pensión se presenta dentro del divorcio pagará tasas pero si se presenta de forma separada, no.

El caso de las multas de tráfico ha sido muy comentado ya que si se trata de un demanda contra una multa de tráfico de 100 euros, el ciudadano pagará el doble en tasas (200 euros) que lo que aspira a recibir si finalmente le dan la razón y anulan la multa. Y en caso de resultar la sentencia en contra, si se quisiera recurrir al Tribunal Superior las tasas son de 800 euros y en el caso del Supremo de 1.200 euros.

Si lo que pretende es reclamar una cantidad de dinero como podrían ser deudas entre particulares, sepa que presentar una demanda en procedimiento monitorio tendrá una tasa inicial de 100 euros; si se recurre la sentencia, 800 euros o hasta 1.200 euros en caso de que llegue al Supremo.

En el caso de denuncias sobre preferentes contra un banco el Consejo General de la Abogacía ponía un ejemplo para entender las nuevas tasas. Un jubilado que denuncie la pérdida de sus ahorros por las preferentes, si no prosperara la vía penal y tuviera que acudir a la vía civil, tendría que pagar 940 euros (los 300 de tasa fija más la variable) para reclamar una cuantía de 128.000 euros.

Lo que preocupa a abogados, jueces y fiscales es que los ciudadanos desistan y no peleen en los juzgados lo que creen que es justo por miedo a tener que pagar más.

Visto 4608 veces Modificado por última vez en Jueves, 22 Noviembre 2012 09:49
Inicia sesión para enviar comentarios

Esta web inserta cookies propias para facilitar tu navegación y de terceros derivadas de su uso en nuestra web, de medios sociales, así como para mejorar la usabilidad y temática de la misma con Google Analytics. Los datos personales no son consultados. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui. Ver política