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El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander ha suspendido los desahucios de dos familias numerosas de la ciudad, estimando que cumplen los criterios del Real Decreto de medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios de noviembre de 2012, para minimizar los efectos de esta medida en familias en especial situación de vulnerabilidad.

En los dos autos, dictados por el juez José Luis Sánchez Gall en fecha 31 de julio tras la petición de esos propietarios de la suspensión del desahucio de sus viviendas, también explica que las dos entidades bancarias sobre las que recayó la hipoteca de estas familias no se opusieron expresamente a la suspensión del lanzamiento.

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El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga ha resuelto anular la cláusula suelo de unos contratos de préstamo con garantía hipotecaria a interés variable de Unicaja y ha condenado a la entidad a devolver a los afectados lo cobrado por este concepto, a lo que hay que sumar las cantidades mensuales que se vayan devengando y los intereses.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. Unicaja ha pedido una aclaración de la misma, por lo que dependiendo de la respuesta del juzgado se estudiará la presentación del correspondiente recurso.

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El Juzgado de Primera instancia número 5 de Fuenlabrada, en Madrid, ha condenado a Bankia a devolver 100.907 euros a unos clientes que firmaron un contrato de compra venta de participaciones preferentes en mayo de 2009 sin obtener información suficiente al respecto. En el auto, el juez declara nulo el contrato de suscripción de preferentes firmado por los afectados.

Esta resolución es la primera que incorpora el estudio de participaciones preferentes elaborado por el Defensor del Pueblo en 2013, en el que se recogen las directrices de la CNMV a la hora de realizar operaciones con participaciones preferentes en los mercados.

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Nuevo golpe a las cláusulas suelo de las hipotecas. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha declarado la nulidad de una cláusula suelo con carácter retroactivo y ha condenado a la entidad financiera, NCG Banco, a abonar a su cliente un total de 11.973,10 euros indebidamente satisfechos hasta febrero de 2013, por considerar que le impidió beneficiarse de la bajada de tipos del 3,25%.

El banco deberá reintegrar al demandante las cantidades indebidamente satisfechas como consecuencia de la cláusula, con los intereses desde la fecha de interposición de la demanda hasta su sentencia, incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta su pago. Además, debido a la íntegra interposición de la demanda, la entidad deberá hacerse cargo de las costas procesales.

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El Juzgado de Primera Instancia número 39 de Madrid ha paralizado el desahucio de una mujer y sus tres hijos de su casa, de la que es propietaria la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, hasta que los menores terminen el año escolar y la Comunidad de Madrid les garantice una vivienda digna.

En el auto, de 6 de marzo de 2013, recurso nº 1649/2012, se aplica la primacía del interés jurídico del menor, regulado en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

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El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Córdoba ha paralizado por primera vez un desahucio en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró la Ley Hipotecaria española incompatible con la normativa europea de defensa del consumidor.

El aplazamiento del desahucio se ha producido en respuesta al escrito presentado por los abogados de la afectada, que se sustenta en la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en el que se reconocía que la legislación hipotecaria española no ofrecía todas las garantías necesarias para los consumidores.

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El juzgado de instrucción número 30 de Madrid ha abierto diligencias sobre la supuesta contabilidad B del PP contenida en los llamados papeles de Bárcenas, según ha asegurado el sindicato de funcionarios Manos Limpias, autor de la querella. Ante las sucesivas demandas presentadas en relación con este caso, el fiscal ha solicitado su acumulación.

Esta querella fue presentada a principios de febrero contra el extesorero del PP Luis Bárcenas por los delitos de alzamiento de bienes, fraude en documento mercantil y delito fiscal. El juzgado ha comunicado al sindicato Manos Limpias que abría diligencias por este asunto, con el número 339/2013, y les ha pedido que se ratifiquen en la querella.

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