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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha creado una calculadora de pensiones alimenticias para hijos en procesos de familia. Se trata de una aplicación informática de cálculo de las pensiones alimenticias de los hijos, elaborada conforme a las tablas orientadoras que el órgano constitucional ha puesto a disposición de los Juzgados y Tribunales.

El Consejo General del Poder Judicial, de esta forma, ha puesto a disposición de jueces, magistrados, abogados y ciudadanía en general un instrumento orientador que incrementa los niveles de previsibilidad de la respuesta judicial, aumenta la seguridad jurídica y facilita acuerdos y soluciones de auto-composición en este tipo de procesos.

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Según el informe sobre la reforma penal del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la prisión permanente revisable es compatible con el objetivo resocializador de las penas de prisión que establece el artículo 25.2 de la Constitución. Se mantienen no obstante dudas sobre la constitucionalidad de la norma en lo que afecta al principio de legalidad.

El bloque del informe referido a ambas medidas de seguridad ha recibido el apoyo de una amplia mayoría del Pleno tras un debate intenso. Sólo 6 de los consejeros apoyaron que la prisión permanente afecte gravemente al derecho de los presos a la reinserción, mientras que otros 15 encontraron compatible esta medida con las previsiones de reinserción de los reos.

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La Comisión Interasociativa, de la que forman parte representantes de siete organizaciones profesionales de jueces y fiscales, ha emplazado al Ministro de JusticiaAlberto Ruiz-Gallardón, a dar una respuesta satisfactoria a sus exigencias antes del 5 de febrero para evitar una nueva huelga. La comisión emitió este comunicado tras conocer el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobado por el Consejo de Ministros.

La Comisión de jueces y fiscales ha avisado a Gallardón de que le hará llegar un documento en el que se recogerán "los límites de la reforma del CGPJ que entendemos no pueden ser traspasados". El comunicado de las siete asociaciones termina con una advertencia al Ministro de Justicia: "Si no se obtiene una respuesta satisfactoria, el día 5 de febrero de 2013 la Comisión Interasociativa se reunirá y convocará una huelga de jueces y fiscales que tendrá lugar dentro de los diez días siguientes".

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