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Los afectados por las hipotecas multidivisa podrán pedir la nulidad del contrato de préstamo hipotecario. Esto es debido a que los juzgados están acogiendo las pretensiones de nulidad con arreglo a la deficiente información previa del producto suministrada por las entidades financieras al consumidor.

La hipoteca multidivisa es un complejo producto que ha permitido en el pasado la obtención de crédito hipotecario para la adquisición de un inmueble o para refinanciar deudas anteriores, con la particularidad de someter su evolución al devenir de los tipos de cambio de las divisas con las que permite operar.

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El Juzgado de Primera instancia número 5 de Fuenlabrada, en Madrid, ha condenado a Bankia a devolver 100.907 euros a unos clientes que firmaron un contrato de compra venta de participaciones preferentes en mayo de 2009 sin obtener información suficiente al respecto. En el auto, el juez declara nulo el contrato de suscripción de preferentes firmado por los afectados.

Esta resolución es la primera que incorpora el estudio de participaciones preferentes elaborado por el Defensor del Pueblo en 2013, en el que se recogen las directrices de la CNMV a la hora de realizar operaciones con participaciones preferentes en los mercados.

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El Tribunal Supremo ha aclarado que las cláusulas suelo, topes aplicados a los intereses hipotecarios para evitar que se reduzcan incluso aunque baje el euríbor, no son válidas si su inclusión en el contrato de préstamo no fue completamente transparente. El Supremo en su sentencia de mayo señalaba una lista de 6 motivos que podían indicar esa falta de transparencia.

Ante el listado, las entidades habían solicitado aclarar si solo era obligatorio anular dichas cláusulas suelo en el caso de que se produjeran los seis incumplimientos a la vez. El Alto Tribunal, sin embargo, ha aclarado que la nulidad de las cláusulas suelo se producirá cuando se haya observado al menos una de las medidas indicadas.

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El Tribunal Supremo ha decretado la resolución del contrato de compraventa de un inmueble celebrado en Granada en junio de 2006 entre dos empresas, aduciendo que el comprador quedó sin posibilidad material de adquirirla, ante la negativa de Caja Madrid de mantener las condiciones de subrogación hipotecaria debido a la crisis económica.

Según el alto tribunal, en este caso es hecho notorio (que no es necesario probar en aplicación del artículo 281.4 de la Ley de Ensuciamiento Civil) "que la crisis económica que alcanzó a nuestro país se produjo entre 2007 y 2008, lo que tuvo consecuencias en el ámbito jurídico, especialmente en la concesión de préstamos con garantía hipotecaria y en la aceptación de subrogaciones en los que habían sido concedidos con anterioridad".

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