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El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga ha resuelto anular la cláusula suelo de unos contratos de préstamo con garantía hipotecaria a interés variable de Unicaja y ha condenado a la entidad a devolver a los afectados lo cobrado por este concepto, a lo que hay que sumar las cantidades mensuales que se vayan devengando y los intereses.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. Unicaja ha pedido una aclaración de la misma, por lo que dependiendo de la respuesta del juzgado se estudiará la presentación del correspondiente recurso.

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La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a la Caja de Ahorros de Extremadura, actualmente Liberbank, a anular la cláusula suelo de la hipoteca de un cliente de Murgia (Álava) y a devolver a éste 17.000 euros cobrados de acuerdo a dicha disposición "abusiva".

El fallo de la Sección Primera de la Audiencia alavesa desestima el recurso contra una sentencia anterior del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria, que ya estableció la nulidad de la mencionada disposición del crédito hipotecario de Liberbank y la obligatoriedad de devolver el dinero que abonó el demandante por la aplicación de la cláusula suelo.

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Nuevo golpe a las cláusulas suelo de las hipotecas. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha declarado la nulidad de una cláusula suelo con carácter retroactivo y ha condenado a la entidad financiera, NCG Banco, a abonar a su cliente un total de 11.973,10 euros indebidamente satisfechos hasta febrero de 2013, por considerar que le impidió beneficiarse de la bajada de tipos del 3,25%.

El banco deberá reintegrar al demandante las cantidades indebidamente satisfechas como consecuencia de la cláusula, con los intereses desde la fecha de interposición de la demanda hasta su sentencia, incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta su pago. Además, debido a la íntegra interposición de la demanda, la entidad deberá hacerse cargo de las costas procesales.

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El Tribunal Supremo ha decretado la resolución del contrato de compraventa de un inmueble celebrado en Granada en junio de 2006 entre dos empresas, aduciendo que el comprador quedó sin posibilidad material de adquirirla, ante la negativa de Caja Madrid de mantener las condiciones de subrogación hipotecaria debido a la crisis económica.

Según el alto tribunal, en este caso es hecho notorio (que no es necesario probar en aplicación del artículo 281.4 de la Ley de Ensuciamiento Civil) "que la crisis económica que alcanzó a nuestro país se produjo entre 2007 y 2008, lo que tuvo consecuencias en el ámbito jurídico, especialmente en la concesión de préstamos con garantía hipotecaria y en la aceptación de subrogaciones en los que habían sido concedidos con anterioridad".

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En los últimos meses se han producido diversas novedades en la legislación que afecta a los préstamos hipotecarios, como consecuencia de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como la nueva Ley de 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

La nueva Ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios recoje algunas de las consecuencias de las sentencias previas, proporcionando nuevas posibilidades de defensa de los afectados, afectando a la legalidad de las cláusulas suelo y a los procedimientos de desahucio, limitando los intereses de demora y costas y cambiando la forma de calcular el importe mínimo de la subasta de la vivienda.

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La Audiencia Provincial de Burgos ha establecido en una resolución, por primera vez en España, que nadie podrá ser obligado a abandonar su vivienda por un desahucio sin que un juez haya podido analizar previamente las cláusulas de la escritura de hipoteca ejecutada para comprobar si son abusivas.

Se trata de la primera resolución en España, contra la que no cabe recurso alguno, en la que se aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según se establece en el auto, no podrá señalarse ninguna subasta ni celebrarse ningún lanzamiento hipotecario sin que previamente se haya analizado y valorado por el juez la posibilidad de que en la escritura de hipoteca existan cláusulas nulas, ilícitas o abusivas.

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El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Córdoba ha paralizado por primera vez un desahucio en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró la Ley Hipotecaria española incompatible con la normativa europea de defensa del consumidor.

El aplazamiento del desahucio se ha producido en respuesta al escrito presentado por los abogados de la afectada, que se sustenta en la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en el que se reconocía que la legislación hipotecaria española no ofrecía todas las garantías necesarias para los consumidores.

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