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El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga ha resuelto anular la cláusula suelo de unos contratos de préstamo con garantía hipotecaria a interés variable de Unicaja y ha condenado a la entidad a devolver a los afectados lo cobrado por este concepto, a lo que hay que sumar las cantidades mensuales que se vayan devengando y los intereses.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. Unicaja ha pedido una aclaración de la misma, por lo que dependiendo de la respuesta del juzgado se estudiará la presentación del correspondiente recurso.

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El Tribunal Supremo ha establecido, en una sentencia reciente, la imposibilidad de un doble sistema indemnizatorio en el caso de fijación de compensaciones por negligencia médica. De este modo debe elegirse entre una cantidad global que se establece en función de distintos factores, entre otros el de la edad de la persona lesionada, o la renta vitalicia.

El Supremo ha confirmado la condena a pagar una indemnización de 874.062,74 euros que impuso la Audiencia Provincial de Valencia al ginecólogo Ramón B.A. por su negligencia médica en la asistencia al parto de una niña que sufrió, como consecuencia de su error, parálisis cerebral grave.

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Nuevo golpe a las cláusulas suelo de las hipotecas. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha declarado la nulidad de una cláusula suelo con carácter retroactivo y ha condenado a la entidad financiera, NCG Banco, a abonar a su cliente un total de 11.973,10 euros indebidamente satisfechos hasta febrero de 2013, por considerar que le impidió beneficiarse de la bajada de tipos del 3,25%.

El banco deberá reintegrar al demandante las cantidades indebidamente satisfechas como consecuencia de la cláusula, con los intereses desde la fecha de interposición de la demanda hasta su sentencia, incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta su pago. Además, debido a la íntegra interposición de la demanda, la entidad deberá hacerse cargo de las costas procesales.

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El Tribunal Supremo ha aclarado que las cláusulas suelo, topes aplicados a los intereses hipotecarios para evitar que se reduzcan incluso aunque baje el euríbor, no son válidas si su inclusión en el contrato de préstamo no fue completamente transparente. El Supremo en su sentencia de mayo señalaba una lista de 6 motivos que podían indicar esa falta de transparencia.

Ante el listado, las entidades habían solicitado aclarar si solo era obligatorio anular dichas cláusulas suelo en el caso de que se produjeran los seis incumplimientos a la vez. El Alto Tribunal, sin embargo, ha aclarado que la nulidad de las cláusulas suelo se producirá cuando se haya observado al menos una de las medidas indicadas.

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El Tribunal Supremo ha condenado al BBVA a devolver 291.488,84 euros a un matrimonio por gestión negligente de su cartera de inversión. Según la sentencia, la entidad gestionó negligentemente unas carteras de inversión, dado que compró participaciones preferentes de la entidad Lehman Brothers Holding, valores complejos y de alto riesgo, para clientes con un perfil de riesgo muy bajo.

"El banco no cumplió el estándar de diligencia, buena fe e información completa, clara y precisa que le era exigible al proponer a los demandantes la adquisición de determinados valores que resultaron ser valores complejos y de alto riesgo sin explicarles que los mismos no eran coherentes con el perfil de riesgo muy bajo que habían seleccionado al concertar el contrato de gestión discrecional de carteras de inversión", señala la sentencia.

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En los últimos meses se han producido diversas novedades en la legislación que afecta a los préstamos hipotecarios, como consecuencia de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como la nueva Ley de 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

La nueva Ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios recoje algunas de las consecuencias de las sentencias previas, proporcionando nuevas posibilidades de defensa de los afectados, afectando a la legalidad de las cláusulas suelo y a los procedimientos de desahucio, limitando los intereses de demora y costas y cambiando la forma de calcular el importe mínimo de la subasta de la vivienda.

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La banca ha pedido al Tribunal Supremo que le aclare los efectos de la sentencia que dictó el pasado 9 de mayo en la que declaraba la nulidad de las cláusulas suelo en las hipotecas en los casos en los que se produzca una falta de transparencia.

BBVA, Cajamar Caja Rural (actualmente Cajas Rurales Unidas) y Caja de Ahorros de Galicia, Vigo, Orense y Pontevedra (NCG Banco), las tres entidades cuyas cláusulas declaró nulas el alto tribunal, han remitido al Supremo un recurso de aclaración.

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El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Córdoba ha paralizado por primera vez un desahucio en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró la Ley Hipotecaria española incompatible con la normativa europea de defensa del consumidor.

El aplazamiento del desahucio se ha producido en respuesta al escrito presentado por los abogados de la afectada, que se sustenta en la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en el que se reconocía que la legislación hipotecaria española no ofrecía todas las garantías necesarias para los consumidores.

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La secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha pedido que se suspendan las ejecuciones hipotecarias pendientes y se regulen en la legislación las consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre desahucios.

Entretanto ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores un escrito dirigido al órgano judicial competente para que acuerde la suspensión inmediata del desahucio de la vivienda sujeta al préstamo hipotecario.

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La ley española que regula las ejecuciones hipotecarias (desahucios) viola la normativa comunitaria de protección a los consumidores. Así lo afirma una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que concluye que el sistema de ejecución hipotecaria de la legislación española es incompatible con la directiva europea sobre cláusulas abusivas.

La resolución añade que esta ley no protege al consumidor porque permite la pérdida de la propiedad y el desalojo, antes de que éste pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios contra la entidad financiera.

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