El pasado 9 de abril de 2022, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial solicitó al Ministerio de Justicia una autorización económica para desarrollar una medida de refuerzo que permita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional reducir los asuntos pendientes en materia de asilo y refugio y, de esta forma, evitar el colapso de asuntos o la aparición de dificultades en su funcionamiento.